Con esta publicación se pretende, a través de una redacción sencilla y de fácil comprensión, informar a los principales públicos afectados por este Decreto. El objetivo es facilitar su cumplimiento, poniendo a su alcance las claves para una mejor interpretación del mismo.

La contaminación acústica se ha convertido en uno de los problemas medioambientales más importantes en la actualidad y, en particular, en la Comunitat Valenciana. De hecho, los estudios realizados indican la existencia de unos niveles de ruido por encima de los límites máximos admisibles por organismos internacionales y por la Unión Europea; circunstancia que está en la base de alteraciones como: pérdida de audición, falta de concentración, estrés, perturbación del sueño e, incluso, determinadas enfermedades cardíacas.

Para avanzar en la solución de este problema, la Unión Europea aprobó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, que fue transpuesta al ordenamiento jurídico español en la Ley 37/2003, de 14 de noviembre, del Ruido. Por su parte, la Generalitat Valenciana, anticipándose a la normativa estatal, aprobó la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación Acústica (DOGV 4.394), que por el momento ha sido desarrollada reglamentariamente mediante el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, de la Generalitat, por el que se establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor (DOGV 4.694), y mediante el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

Este último decreto establece los mecanismos de control del ruido producido por las actividades, obras y servicios, así como las limitaciones y procedimientos de determinación del mismo, excluyéndose de él la regulación del ruido producido por los medios y por las infraestructuras de transporte.

El Decreto 266/2004 tiene por objeto desarrollar los preceptos contenidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la Contaminación Acústica, estableciendo los mecanismos de control del ruido originado en actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios, así como las limitaciones y procedimientos de evaluación.

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